La reducción de la pobreza representa un avance, pero no garantiza por sí misma que las personas puedan transformar de manera permanente sus condiciones de vida. La movilidad social depende también del acceso efectivo a educación, salud, seguridad social, vivienda, servicios básicos y oportunidades productivas.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca. septiembre de 2026.- México ha logrado reducir de manera importante la pobreza en los últimos años. Sin embargo, detrás de esa mejoría permanece una pregunta de mayor alcance: ¿qué ocurre después de que una persona deja de ser pobre?

La respuesta obliga a mirar más allá del ingreso.

Salir de la pobreza significa superar determinados umbrales económicos y sociales; alcanzar movilidad social implica algo más profundo: que las personas puedan mejorar de manera sostenida su posición socioeconómica y que su lugar de nacimiento, las condiciones de su familia o la región donde viven no determinen, de antemano, hasta dónde pueden llegar.

La diferencia es fundamental. Una transferencia económica puede aliviar la presión sobre el presupuesto familiar; un aumento salarial puede ampliar la capacidad de compra; pero ninguna de estas mejoras garantiza, por sí sola, que una familia tenga acceso a una escuela de calidad, atención médica oportuna, vivienda adecuada, agua segura, conectividad, seguridad social o posibilidades para desarrollar una actividad productiva.

El propio enfoque de medición multidimensional de la pobreza en México reconoce que el bienestar no puede reducirse al ingreso. La metodología incorpora dimensiones relacionadas con los derechos sociales y las condiciones territoriales de vida. (CONEVAL)

Reducir la pobreza no es lo mismo que abrir oportunidades

El Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), a través de sus investigaciones sobre movilidad social, ha documentado que las condiciones de origen continúan teniendo un peso importante en las oportunidades de las personas.

El Informe de Movilidad Social en México 2025, elaborado a partir de la Encuesta ESRU de Movilidad Social en México 2023, analiza precisamente la relación entre origen socioeconómico, educación, riqueza y movilidad intergeneracional. El estudio plantea la necesidad de que las políticas públicas no se concentren únicamente en reducir la pobreza, sino también en disminuir la desigualdad de oportunidades. (Centro de Estudios Espinosa Yglesias)

Los datos históricos del CEEY muestran la dimensión del problema: 74 de cada 100 personas que nacen en los hogares más pobres no logran superar la condición de pobreza durante su vida adulta. La situación también presenta fuertes diferencias territoriales: en los resultados de movilidad social publicados por el organismo, la persistencia de la pobreza es considerablemente mayor en el sur que en el norte del país. (Centro de Estudios Espinosa Yglesias)

Esto significa que el punto de partida sigue importando.

La educación de los padres, el patrimonio familiar, el tipo de empleo al que se accede, la región donde se crece y la disponibilidad de servicios públicos pueden ampliar o limitar las posibilidades de avanzar. En otras palabras, el esfuerzo individual importa, pero no ocurre en un terreno neutral.

México reduce la pobreza, pero persisten grandes carencias

La medición oficial de pobreza correspondiente a 2024 muestra un cambio relevante. Ese año, 38.5 millones de personas, equivalentes al 29.6% de la población, se encontraban en situación de pobreza, frente a 46.8 millones en 2022. La pobreza extrema también disminuyó, de 9.1 a 7 millones de personas en el mismo periodo. (Gobierno de México)

El avance, sin embargo, convive con otra realidad.

En 2024, 44.5 millones de personas carecían de acceso a servicios de salud, equivalentes al 34.2% de la población. En 2016 eran 18.8 millones. El rezago educativo alcanzó a 24.2 millones de personas, el 18.6% de la población. (México Cómo Vamos)

Hay además un dato que merece especial atención: aunque la pobreza disminuyó, la población vulnerable por carencias sociales aumentó entre 2022 y 2024, de 37.9 a 41.9 millones de personas. Esto muestra que mejorar el ingreso y garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales son procesos que no necesariamente avanzan al mismo ritmo. (N+)

La fotografía, por tanto, es más compleja que una sola cifra.

México puede registrar menos personas en pobreza y, simultáneamente, enfrentar grandes desafíos en materia de salud, educación, seguridad social, vivienda y servicios básicos.

Más recursos sociales, pero el desafío es convertirlos en capacidades

El contexto presupuestario también ayuda a entender la dimensión del reto.

Para 2027, el proyecto de presupuesto federal contempla 2.55 billones de pesos para la función de protección social, un monto que representa un crecimiento real de 3.3% respecto de lo aprobado para 2026. Este rubro comprende pensiones contributivas y no contributivas, así como diversos programas sociales. (El Economista)

La expansión de la protección social puede contribuir a sostener los ingresos de los hogares y reducir vulnerabilidades. Pero el desafío de largo plazo consiste en lograr que esos recursos también se traduzcan en capacidades.

Una familia puede recibir un apoyo económico y, al mismo tiempo, continuar enfrentando dificultades para acceder a un centro de salud, mantener a sus hijos en la escuela, disponer de agua suficiente o mejorar las condiciones de su vivienda.

Por ello, el debate no debería plantearse como una disyuntiva entre transferencias sociales e inversión en servicios públicos. La reducción sostenible de la pobreza requiere ambas dimensiones.

Salud y educación: la infraestructura que permite avanzar

El presupuesto propuesto para 2027 contempla alrededor de 1.13 billones de pesos para salud, equivalentes a 2.9% del PIB, mientras que el gasto educativo se ubicaría en aproximadamente 1.3 billones de pesos, equivalentes a 3.3% del PIB. Análisis del proyecto presupuestario señalan que ambas proporciones permanecen por debajo de referencias internacionales. (LinkedIn)

En educación, la UNESCO establece como referencia internacional que el gasto público destinado al sector se ubique entre 4% y 6% del PIB. (UIS)

La relevancia de estos indicadores va más allá de las cifras presupuestarias.

Una escuela no es solamente un edificio; puede ser la puerta de entrada a una trayectoria educativa distinta. Un centro de salud no representa únicamente atención médica; puede evitar que una enfermedad se convierta en una crisis económica familiar. El acceso al agua, a una vivienda adecuada o a infraestructura productiva tampoco son bienes aislados: son condiciones que determinan cuánto tiempo, dinero y capacidad puede destinar una familia a construir su futuro.

Ahí se encuentra uno de los vínculos más importantes entre política social y movilidad social: las oportunidades también se construyen mediante los servicios y activos que permiten a las personas sostener sus avances.

Del apoyo inmediato a la construcción de capacidades

En este escenario, la participación de las organizaciones de la sociedad civil puede contribuir a complementar los esfuerzos públicos, particularmente cuando sus acciones se articulan con las necesidades concretas de las comunidades.

Congregación Mariana Trinitaria (CMT), mediante su Modelo de Ecosistema de Bienestar, desarrolla acciones en ámbitos como agua, vivienda, alimentación, educación, salud, medio ambiente e inclusión productiva y financiera.

Entre estas iniciativas se encuentra la Cadena de Agua, orientada a facilitar soluciones de almacenamiento y acceso al recurso hídrico, así como programas de mejoramiento de vivienda que permiten a las familias acceder a materiales y equipamiento mediante esquemas de subsidio y corresponsabilidad.

La lógica es relevante porque atiende una dimensión que con frecuencia queda fuera de las estadísticas de ingreso: el costo cotidiano de vivir con carencias.

Cuando una familia dispone de agua almacenada, mejora su vivienda, incorpora equipamiento básico o cuenta con condiciones más adecuadas para desarrollar una actividad productiva, no solamente obtiene un bien. Puede reducir gastos, liberar tiempo, disminuir riesgos y fortalecer su capacidad para enfrentar emergencias.

En determinadas circunstancias, esa diferencia puede ser decisiva para que una mejora económica temporal se convierta en una condición más estable de bienestar.

La movilidad social empieza cuando el origen deja de determinar el destino

La reducción de la pobreza debe reconocerse como un avance, pero no debería ser el punto final de la conversación.

El verdadero desafío es construir las condiciones para que una persona que hoy mejora sus ingresos pueda sostener esa mejoría mañana; para que sus hijos tengan mayores oportunidades educativas que sus padres; para que una enfermedad no destruya el patrimonio familiar; para que vivir en una comunidad rural o en una región históricamente rezagada no signifique tener menos posibilidades de progresar.

El CEEY ha señalado que entre las barreras para la movilidad social se encuentran precisamente las condiciones de origen, el nivel educativo de los padres, el tipo de primer empleo, el trabajo durante la infancia, las desigualdades territoriales y el acceso a servicios de cuidado, entre otros factores. (Centro de Estudios Espinosa Yglesias)

Por eso, la siguiente etapa de la política social requiere una mirada más amplia: no basta con sacar a las personas de la pobreza; es necesario construir las condiciones para que no regresen a ella y, sobre todo, para que puedan avanzar.

Esto demanda una combinación de protección social, educación de calidad, servicios de salud accesibles, vivienda digna, infraestructura básica, acceso al agua, empleo formal, inclusión financiera y oportunidades productivas.

También exige corresponsabilidad.

Gobiernos, empresas, organizaciones sociales y comunidades pueden contribuir desde sus respectivos ámbitos para transformar los apoyos inmediatos en capacidades duraderas.

Porque el indicador más importante del desarrollo no debería ser únicamente cuántas personas lograron superar una línea de pobreza, sino cuántas consiguieron ampliar de manera sostenible sus posibilidades de elegir, progresar y construir un futuro diferente para sus familias.

Reducir la pobreza es indispensable. Abrir caminos para la movilidad social es el siguiente desafío.

La modernización agrícola, el uso eficiente del agua, el equipamiento productivo y el mejoramiento de la vivienda son parte de una misma estrategia: aumentar la capacidad de las familias y comunidades para enfrentar un entorno climático cada vez más variable.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca. septiembre de 2026.- El clima está dejando de ser una variable distante para convertirse en un factor que condiciona, cada vez con mayor frecuencia, la producción de alimentos, los ingresos rurales y la seguridad de los hogares. El comportamiento de El Niño durante 2026 vuelve a colocar esta realidad en el centro de la conversación: cuando cambian las lluvias, las temperaturas o la frecuencia de determinados fenómenos extremos, también cambian las condiciones en las que millones de familias producen, trabajan y viven.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) advirtió en junio de 2026 que una nueva fase de El Niño podría incrementar los riesgos de sequía para cultivos y pastizales en distintas regiones del mundo. Su análisis, basado en 41 años de imágenes satelitales, identifica zonas particularmente expuestas y destaca la importancia de anticipar los impactos sobre los medios de vida rurales y la seguridad alimentaria. (FAOHome⁠)

El mensaje de fondo es claro: esperar a que llegue la emergencia resulta cada vez más costoso que prepararse para ella.

Un campo que necesita anticiparse, no solamente reaccionar

Para los productores que dependen directamente de las lluvias, una temporada irregular puede significar mucho más que una reducción en la cosecha. Puede traducirse en mayores costos, pérdida de ingresos, endeudamiento, reducción de reservas y dificultades para volver a producir en el siguiente ciclo.

La FAO ha advertido, precisamente, que los impactos de El Niño pueden prolongarse más allá de una sola temporada agrícola. La pérdida de una cosecha puede deteriorar los suelos, reducir las reservas de semillas o ganado y disminuir la capacidad económica de las familias para recuperarse ante el siguiente evento climático. (FAOHome⁠)

Por eso, hablar de adaptación agrícola no significa únicamente responder ante una sequía o una inundación. Significa cambiar la manera de producir antes de que el riesgo se convierta en pérdida.

La tecnificación del campo forma parte de esa transformación. Sistemas de riego eficientes, maquinaria adecuada, herramientas especializadas, capacitación, información climática, innovación y mecanismos accesibles de financiamiento pueden ayudar a que los productores utilicen mejor sus recursos y reduzcan su exposición a condiciones ambientales adversas.

Tecnificar también significa cuidar el agua

Uno de los principales desafíos está relacionado con el agua.

El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) explica que la tecnificación del riego incorpora soluciones como el goteo, la microaspersión y la aspersión, además de herramientas para estimar las necesidades hídricas de los cultivos y dar seguimiento al riego. De acuerdo con el Instituto, estas tecnologías pueden contribuir al ahorro de agua y energía, mejorar los rendimientos, reducir costos y ofrecer una mejor respuesta ante escenarios de sequía. (Gobierno de México⁠)

La diferencia puede ser significativa. El propio IMTA señala que la eficiencia de aplicación del agua puede alcanzar alrededor de 90 por ciento en determinados sistemas de riego por goteo, frente a aproximadamente 60 por ciento en riego por surcos y 75 por ciento en aspersión, dependiendo de las condiciones del sistema. (Gobierno de México⁠)

Esto permite entender la tecnificación desde una perspectiva más amplia: no se trata simplemente de incorporar maquinaria; se trata de producir mejor utilizando de manera más inteligente los recursos disponibles.

En México, el desafío sigue siendo considerable. El Censo Agropecuario 2022 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) registró 440 mil 531 unidades de producción agropecuaria, de las cuales 371 mil 802 se encontraban activas. Los datos sobre disponibilidad de maquinaria muestran, además, que distintos implementos productivos todavía tienen una presencia limitada: por ejemplo, el equipo de bombeo de agua estaba reportado en 4.7 por ciento de las existencias de la principal maquinaria, equipo e implementos registrados por el Censo. (INEGI⁠)

La brecha tecnológica, por tanto, no puede reducirse a la falta de tractores. Incluye acceso al agua, infraestructura, equipamiento, conocimiento técnico, financiamiento y capacidad para incorporar soluciones adecuadas a las características de cada territorio.

Modernizar el campo para proteger a quienes viven de él

La pregunta fundamental no es solamente cuánto puede producir una parcela, sino qué tan preparada está una familia para continuar produciendo cuando las condiciones cambian.

Ahí adquieren relevancia los esquemas de colaboración que permiten que pequeños productores accedan a herramientas que, de manera individual, podrían estar fuera de sus posibilidades económicas.

Congregación Mariana Trinitaria (CMT) cuenta con antecedentes de colaboración con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para fortalecer capacidades productivas de pequeños productores, particularmente en regiones indígenas y zonas de alta y muy alta marginación. A través de esquemas de coinversión y aportaciones en especie, este tipo de mecanismos busca ampliar la capacidad de inversión de familias que enfrentan mayores barreras para mejorar sus unidades productivas.

La lógica es importante: cuando una familia puede acceder a infraestructura, equipamiento o herramientas productivas, no solamente mejora una parcela; puede ampliar su capacidad para generar ingresos, sostener su patrimonio y enfrentar periodos de incertidumbre.

Pero la adaptación no termina en el campo.

El hogar también es parte de la resiliencia

Una familia productora puede contar con mejores herramientas agrícolas y, al mismo tiempo, continuar enfrentando vulnerabilidades dentro de su propia vivienda.

El acceso al agua, el almacenamiento, la calidad de los materiales, la protección de los espacios habitables y el uso eficiente de la energía forman parte de una misma ecuación de bienestar.

Una cisterna o un sistema de almacenamiento de agua puede contribuir a enfrentar periodos de abastecimiento irregular. Un calentador solar puede reducir la dependencia de combustibles convencionales. La impermeabilización y el mejoramiento de materiales pueden proteger el patrimonio familiar. Y una infraestructura doméstica adecuada puede disminuir gastos que, para los hogares con menores ingresos, representan una proporción importante de su presupuesto.

Desde esta perspectiva, fortalecer el hogar no es una acción separada de la política productiva: es una forma de proteger la economía familiar.

A través de su Modelo de Ecosistema de Bienestar, Congregación Mariana Trinitaria impulsa soluciones relacionadas con almacenamiento hídrico, cisternas, calentadores solares, materiales para mejoramiento de vivienda e impermeabilizantes, mediante esquemas de colaboración y corresponsabilidad con gobiernos y comunidades.

La relevancia de esta visión está precisamente en conectar dos dimensiones que con frecuencia se atienden por separado: la capacidad de las familias para producir y su capacidad para vivir en condiciones dignas.

La adaptación comienza antes de la emergencia

El cambio climático y la variabilidad climática obligan a modificar una vieja lógica: actuar únicamente después de que ocurre el daño.

La advertencia de El Niño ofrece una oportunidad para pensar de manera diferente. Si existen herramientas para identificar zonas de mayor riesgo, tecnologías para utilizar mejor el agua y mecanismos de colaboración para acercar infraestructura y equipamiento a las familias, entonces la prevención deja de ser un concepto abstracto y se convierte en una decisión concreta.

El campo necesita tecnología, pero también capacitación. Necesita agua, pero también sistemas para administrarla mejor. Necesita maquinaria, pero también financiamiento y acompañamiento técnico. Y las familias necesitan mejores viviendas, infraestructura básica y alternativas que reduzcan sus gastos y fortalezcan su patrimonio.

La respuesta, por tanto, no puede descansar en una sola institución ni en una sola solución.

Gobiernos, productores, organizaciones sociales, empresas, instituciones académicas y comunidades tienen frente a sí una tarea compartida: convertir la anticipación en una política permanente de bienestar.

Cada sistema de riego que ahorra agua, cada unidad productiva que incorpora tecnología, cada vivienda que mejora sus condiciones y cada familia que adquiere mayor capacidad para generar ingresos representa un paso en la construcción de comunidades menos vulnerables.

Porque frente a un clima que cambia, la pregunta ya no es si debemos prepararnos, sino cuánto podemos avanzar antes de que la próxima emergencia nos obligue.

El fenómeno de El Niño suele explicarse a partir de sus efectos sobre las temperaturas, las lluvias y las condiciones meteorológicas. Pero sus consecuencias también llegan a un terreno mucho más cercano: la salud de las personas. Este año, ante la previsión de un episodio que podría intensificarse y extenderse hasta principios de 2027, la prevención sanitaria vuelve a estar en el centro de la conversación.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Septiembre de 2026.- Hay fenómenos climáticos que parecen ocurrir lejos de nosotros, en el océano, en la atmósfera o en los mapas meteorológicos. El Niño es uno de ellos. Sin embargo, sus efectos terminan llegando a la vida cotidiana: al agua que bebemos, al aire que respiramos, a los alimentos que consumimos y, en determinadas circunstancias, a nuestra salud.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) señala que el episodio de El Niño se ha consolidado y prevé que continúe hasta principios de 2027, con una posible intensificación hacia una categoría muy fuerte. Sus efectos no serán iguales en todas las regiones: mientras algunas zonas pueden enfrentar sequías, calor y menor disponibilidad de agua, otras pueden experimentar lluvias intensas, inundaciones y alteraciones en sus sistemas de abastecimiento y saneamiento.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha advertido que estos escenarios pueden incrementar diversos riesgos para la salud pública en las Américas, entre ellos enfermedades transmitidas por vectores y por el agua, afecciones relacionadas con el calor, problemas respiratorios asociados con incendios forestales, inseguridad alimentaria e interrupciones en los servicios sanitarios. Los impactos pueden ser particularmente graves en comunidades que ya enfrentan pobreza, desplazamiento o acceso limitado a servicios esenciales.

La pregunta, entonces, ya no es solamente qué temperatura tendremos o cuánto lloverá.

La pregunta es qué tan preparadas están nuestras comunidades para enfrentar lo que viene.

Cuando el clima cambia, también cambian los riesgos sanitarios

Uno de los ejemplos más claros está en las enfermedades transmitidas por vectores. El dengue, el zika, la chikunguña y el paludismo están relacionados con organismos cuyo ciclo de vida puede verse influido por factores como la temperatura, la humedad y las precipitaciones.

Las condiciones ambientales pueden favorecer, en determinadas regiones y momentos, la reproducción y supervivencia de los mosquitos transmisores. La OPS ha señalado que El Niño puede contribuir a generar escenarios favorables para la transmisión de dengue y otras arbovirosis, por lo que resulta fundamental integrar la información climática a la vigilancia epidemiológica.

Pero existe una dimensión todavía más cotidiana.

Cuando una familia enfrenta una temporada de sequía y necesita almacenar agua, por ejemplo, los recipientes pueden convertirse en sitios de reproducción de mosquitos si no se mantienen adecuadamente. Cuando llegan lluvias intensas, los depósitos abandonados, los residuos y las acumulaciones de agua también pueden convertirse en criaderos.

Por eso, la prevención no comienza cuando aparece la fiebre.

Comienza antes.

Eliminar agua estancada, mantener los recipientes tapados, protegerse de las picaduras, fortalecer la vigilancia epidemiológica y ofrecer información clara a las comunidades son medidas sencillas que pueden reducir riesgos.

La salud pública, en este sentido, no depende únicamente de hospitales y medicamentos. También depende de lo que sucede alrededor de las viviendas.

El humo de un incendio puede convertirse en una emergencia sanitaria

Existe otro riesgo que suele quedar fuera de la conversación hasta que el humo llega a las ciudades: la contaminación atmosférica provocada por los incendios forestales.

Las condiciones de sequía y calor pueden favorecer escenarios propicios para la propagación del fuego en algunas regiones. Y cuando un incendio ocurre, sus consecuencias no necesariamente permanecen en el lugar donde comenzó. El humo puede desplazarse grandes distancias y deteriorar la calidad del aire.

Las partículas presentes en el humo pueden irritar las vías respiratorias y agravar padecimientos preexistentes. Las personas con asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y otras enfermedades respiratorias pueden encontrarse entre las más vulnerables.

La OPS identifica precisamente el aumento de las afecciones respiratorias asociadas con incendios forestales y deterioro de la calidad del aire entre los riesgos sanitarios que deben considerarse ante los escenarios de El Niño.

Esto obliga a ampliar nuestra idea de lo que significa una emergencia ambiental.

Un incendio forestal no termina cuando se apagan las llamas. También puede continuar dentro de los pulmones de quienes estuvieron expuestos al humo.

Cuando falta agua, la salud también está en riesgo

El problema puede presentarse en sentido contrario.

Las lluvias intensas y las inundaciones pueden afectar las redes de abastecimiento, drenaje y saneamiento, especialmente en comunidades cuya infraestructura hidráulica es limitada o vulnerable.

Cuando el agua potable escasea, se contamina o resulta difícil acceder a ella, aumentan los riesgos sanitarios. La OPS identifica entre los posibles impactos de El Niño las enfermedades transmitidas por el agua y los alimentos, incluido el cólera y otras enfermedades gastrointestinales.

La paradoja es evidente: demasiada agua puede ser un problema sanitario; muy poca agua también.

En ambos extremos, las desigualdades pesan.

Una comunidad con sistemas de almacenamiento, drenaje, saneamiento y atención médica adecuados tiene más herramientas para enfrentar una emergencia que otra donde una familia debe recorrer grandes distancias para conseguir agua, vive en una vivienda vulnerable o carece de servicios básicos.

Por eso, los fenómenos climáticos no afectan a todas las personas de la misma manera.

El clima puede ser el mismo.

La vulnerabilidad no.

La prevención comienza mucho antes de que llegue la emergencia

Esta es quizá una de las principales lecciones que deja El Niño: cuidar la salud no significa únicamente atender enfermedades. También significa construir las condiciones que permitan evitarlas o reducir su impacto.

La OPS recomienda fortalecer la vigilancia epidemiológica, integrar información climática y sanitaria, garantizar el acceso a agua segura y saneamiento, proteger la continuidad de los servicios de salud y reforzar la comunicación de riesgos y la participación comunitaria.

En otras palabras, la prevención empieza mucho antes de que una persona llegue a un consultorio.

Empieza con agua disponible.

Con una vivienda segura.

Con sistemas adecuados de almacenamiento y saneamiento.

Con información confiable.

Con comunidades organizadas.

Con servicios de salud capaces de responder oportunamente.

Y con instituciones que entiendan que los problemas sociales no ocurren de manera aislada.

Una familia que carece de agua segura puede enfrentar un problema sanitario. Una vivienda inadecuada puede aumentar su exposición a fenómenos extremos. La falta de información puede dificultar la prevención. Una interrupción en los servicios de salud puede convertir una enfermedad controlable en una emergencia.

Todo está conectado.

Del fenómeno climático al bienestar de las comunidades

Esta mirada integral permite entender por qué las acciones orientadas a mejorar las condiciones materiales de las familias tienen también una dimensión preventiva.

En este contexto, el trabajo de Congregación Mariana Trinitaria adquiere relevancia a partir de sus acciones vinculadas con agua, vivienda, infraestructura y bienestar, ámbitos que forman parte de las condiciones que determinan la capacidad de una comunidad para enfrentar escenarios adversos.

Contar con infraestructura para almacenar agua puede hacer una diferencia durante un periodo de escasez. Mejorar las condiciones de una vivienda puede reducir vulnerabilidades. Facilitar soluciones relacionadas con servicios básicos puede contribuir a que una familia tenga mayores herramientas para enfrentar una emergencia.

No significa sustituir la responsabilidad de los sistemas públicos de salud ni convertir una solución social en una respuesta médica.

Significa algo más amplio: entender que la salud también se construye fuera de los hospitales.

A esta perspectiva se suma la labor de los Centros de Medicina Preventiva Integral (CMPI), cuyo enfoque busca acercar servicios de salud a las comunidades y fortalecer una cultura de prevención. La atención médica, nutricional, psicológica y odontológica, entre otros servicios, permite identificar riesgos y atender necesidades antes de que determinados problemas se agraven.

Ante un escenario climático cada vez más complejo, esa anticipación adquiere un valor estratégico.

No podemos esperar a que aparezca la enfermedad

El Niño plantea una pregunta que va mucho más allá de la meteorología: ¿estamos preparados para proteger la salud de quienes tienen menos capacidad para enfrentar una emergencia?

La respuesta no depende exclusivamente de los hospitales. Tampoco de una sola institución.

Requiere coordinación entre autoridades, comunidades, instituciones de salud, organizaciones sociales, especialistas, sistemas de protección civil y ciudadanía. Requiere información que llegue a tiempo y decisiones que se tomen antes de que el problema alcance su punto máximo.

La OPS y la OMM han insistido precisamente en la necesidad de fortalecer la preparación y la acción anticipatoria frente a El Niño en las Américas. La lógica es sencilla: esperar a que ocurra una emergencia siempre resulta más costoso que prepararse para ella.

Por eso, hablar de El Niño también es hablar de corresponsabilidad.

De cuidar el agua antes de que falte.

De prevenir los criaderos de mosquitos antes de que aumenten los casos.

De proteger a las personas vulnerables frente al calor y al humo.

De fortalecer los servicios de salud antes de que una emergencia los rebase.

De mejorar las viviendas y la infraestructura antes de que llegue un fenómeno extremo.

Y, sobre todo, de comprender que la prevención no es una reacción ante el desastre: es una decisión que se toma mucho antes.

El Niño podrá modificar las temperaturas, las lluvias y los ecosistemas. Lo que no debería modificar es nuestra capacidad de anticiparnos.

Porque cuando una comunidad tiene agua segura, una vivienda digna, información, servicios de salud accesibles y capacidad de organización, no desaparece el riesgo, pero sí disminuye su vulnerabilidad.

La verdadera prevención empieza ahí: en construir comunidades capaces de resistir, responder y recuperarse antes de que la emergencia toque a su puerta.

El indicador pasó de 30.7% a 31.9% en tres meses. Aunque el nivel es el más bajo registrado para un segundo trimestre, el repunte revela que millones de personas siguen sin obtener, mediante su trabajo, ingresos suficientes para cubrir la canasta alimentaria. La persistencia de esta condición también aumentó y la brecha salarial entre mujeres y hombres prácticamente no se modificó.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Septiembre de 2026.- Tener un empleo no siempre significa haber dejado atrás la pobreza. En México, millones de personas trabajan todos los días y, aun así, el ingreso que obtienen no es suficiente para cubrir el costo de la canasta alimentaria de su hogar.

Los datos más recientes vuelven a colocar esta realidad sobre la mesa. Durante el segundo trimestre de 2026, la pobreza laboral alcanzó **31.9% de la población**, de acuerdo con las estimaciones elaboradas a partir de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). El indicador aumentó 1.2 puntos porcentuales respecto al primer trimestre, cuando se ubicó en 30.7%.

La cifra, sin embargo, exige una lectura más cuidadosa. Aunque representa un incremento trimestral, también es 3.1 puntos porcentuales menor que la registrada en el segundo trimestre de 2025, cuando alcanzó 35%, y constituye el nivel más bajo para un segundo trimestre desde que existe la serie.

El mensaje de fondo es más complejo que un simple retroceso o avance: México ha conseguido mejorar el indicador en términos anuales, pero todavía enfrenta enormes dificultades para convertir el empleo en una vía estable hacia el bienestar económico.

Cuando trabajar no alcanza

La pobreza laboral es una medida particularmente reveladora porque permite observar una pregunta elemental: ¿el trabajo que realizan las personas alcanza para alimentar a sus hogares?

El Semáforo de Movilidad Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) utiliza información del panel rotativo de la ENOE y define la pobreza laboral como la situación en la que el ingreso laboral de las personas es inferior al costo de la canasta alimentaria.

Por eso, detrás del porcentaje existe una realidad que no puede reducirse a una estadística: familias que deben decidir qué gasto cubrir primero, trabajadores que necesitan combinar empleos, personas que aceptan condiciones laborales precarias o hogares que no cuentan con suficiente margen económico para enfrentar una enfermedad, reparar su vivienda o atender una emergencia.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social reportó que durante el segundo trimestre de 2026 la población ocupada alcanzó 60 millones de personas, un máximo histórico, mientras que el ingreso promedio por hora llegó a 70.26 pesos. Al mismo tiempo, la pobreza laboral se ubicó en 31.9%.

La coexistencia de ambos fenómenos deja una lección importante: el desafío no consiste únicamente en crear empleos, sino en conseguir que esos empleos permitan construir una vida con mayor seguridad económica.

La pobreza también puede convertirse en una trampa

El problema se vuelve todavía más profundo cuando una persona no consigue salir de esta condición.

El CEEY ha llamado la atención sobre la persistencia de la pobreza laboral, un indicador que permite observar qué proporción de quienes se encontraban en pobreza laboral continúa en ella un año después. En el segundo trimestre de 2026, esta persistencia aumentó a 68%, frente a 65.6% en el primer trimestre.

Esto significa que la pobreza laboral no debe analizarse solamente como una fotografía de un trimestre, sino como una trayectoria. Para muchas personas, el problema no es atravesar temporalmente por una etapa de bajos ingresos, sino permanecer durante largos periodos en una situación que limita sus posibilidades de mejorar.

El propio CEEY había documentado previamente que, entre los hogares que se encontraban en pobreza laboral en el cuarto trimestre de 2024, 65.7% continuaban en esa condición un año después. En ese periodo, Guerrero, Oaxaca y Chiapas registraron niveles de persistencia superiores a 70%.

La pregunta, entonces, deja de ser únicamente cuántas personas tienen trabajo y pasa a ser otra, mucho más profunda: ¿cuántas tienen la posibilidad real de utilizar ese trabajo para cambiar su historia económica?

Mujeres: menos horas remuneradas, menores ingresos

La desigualdad laboral tiene, además, un rostro marcadamente femenino.

Al comparar el segundo trimestre de 2026 con el mismo periodo de 2025, la brecha salarial entre hombres y mujeres prácticamente no cambió: pasó de 23.9% a 23.7%.

La diferencia tampoco puede explicarse únicamente mirando el salario. Existe otra desigualdad menos visible, pero decisiva: el tiempo.

Durante el segundo trimestre de 2026, las mujeres trabajaron en promedio 37 horas remuneradas por semana, frente a 44 horas de los hombres. Son siete horas de diferencia, prácticamente una jornada laboral adicional cada semana.

El CEEY relaciona esta diferencia, entre otros factores, con la distribución desigual de las tareas domésticas y de cuidado. Para muchas mujeres, la necesidad de cuidar a niñas, niños, personas mayores o familiares dependientes reduce el tiempo disponible para el empleo remunerado y puede conducirlas hacia jornadas más cortas o trabajos con mayor flexibilidad, frecuentemente dentro de la informalidad.

Así, la desigualdad se reproduce en varias dimensiones al mismo tiempo: ingresos, horas remuneradas, acceso a mejores puestos y posibilidades de movilidad económica.

De ahí la importancia de atender fenómenos como el llamado techo de cristal, que dificulta el acceso de las mujeres a posiciones de mayor responsabilidad, y el piso pegajoso, asociado con las barreras que las mantienen en empleos con menores ingresos y posibilidades de crecimiento.

El costo de vivir cuando el ingreso no alcanza

La pobreza laboral tiene una dimensión que las estadísticas económicas no siempre consiguen mostrar por completo: lo que sucede dentro de los hogares cuando el dinero no alcanza.

Un ingreso insuficiente no afecta únicamente la compra de alimentos. Puede retrasar el mantenimiento de una vivienda, dificultar el acceso a agua segura, aumentar el gasto energético, limitar las posibilidades educativas o hacer que una enfermedad represente una crisis financiera.

Por eso, combatir la pobreza laboral exige actuar en dos frentes simultáneos: mejorar la calidad y suficiencia de los ingresos laborales y reducir las presiones económicas que enfrentan cotidianamente las familias.

No basta con preguntarse cuánto gana una persona. También es necesario observar cuánto cuesta vivir, qué necesidades debe cubrir ese ingreso y cuánto margen queda después de satisfacerlas.

Bienestar: más allá del salario

En este escenario, las estrategias de bienestar que atienden las necesidades concretas de los hogares adquieren una dimensión complementaria.

Congregación Mariana Trinitaria (CMT), a través de su Modelo de Ecosistema de Bienestar CMT, articula acciones en ámbitos como vivienda, alimentación, agua, salud, educación e inclusión productiva y financiera.

La lógica parte de una idea sencilla: cuando una familia consigue reducir el costo de una necesidad esencial, libera recursos que pueden destinarse a otras prioridades. El mejoramiento de una vivienda, el acceso a soluciones de agua, la alimentación o determinados bienes esenciales pueden contribuir a disminuir presiones sobre el presupuesto familiar, especialmente en hogares cuyos ingresos son limitados.

Esto no sustituye la necesidad de empleos dignos, ingresos suficientes, seguridad social ni políticas públicas capaces de ampliar las oportunidades económicas. La complementa.

Porque salir de la pobreza no consiste únicamente en incrementar un ingreso. También significa construir condiciones para que una familia pueda enfrentar el presente sin comprometer permanentemente su futuro.

El verdadero desafío es que trabajar permita avanzar

Los datos del segundo trimestre de 2026 dejan una paradoja que México no puede ignorar.

Por un lado, el país alcanzó un máximo histórico de 60 millones de personas ocupadas y la pobreza laboral se encuentra por debajo de la registrada un año antes. Por otro, 31.9% de la población continúa en una situación en la que sus ingresos laborales no son suficientes para adquirir la canasta alimentaria, mientras la persistencia de la pobreza laboral aumentó.

La discusión, por tanto, debe ir más allá de cuántos empleos existen.

El verdadero desafío es construir un mercado laboral en el que trabajar signifique tener mayores posibilidades de progresar; en el que las mujeres no tengan que elegir entre cuidar y desarrollarse profesionalmente; en el que el origen familiar no determine el destino económico; y en el que una emergencia no sea suficiente para devolver a un hogar a la precariedad.

Reducir la pobreza laboral requiere empleo de calidad, mejores ingresos, acceso a seguridad social, oportunidades de capacitación, corresponsabilidad en los cuidados y condiciones que permitan a las familias disminuir el peso económico de sus necesidades esenciales.

También exige corresponsabilidad social.

Gobiernos, empresas, organizaciones sociales, comunidades y ciudadanía tienen frente a sí una tarea que no puede resolverse desde un solo sector. La pobreza laboral no es únicamente un indicador económico: es una señal de cuántas personas siguen trabajando sin encontrar todavía una ruta suficientemente sólida hacia el bienestar.

La meta no debería ser simplemente que más personas tengan empleo.

La meta debe ser que trabajar permita vivir mejor, que el esfuerzo se traduzca en oportunidades y que ninguna familia tenga que elegir entre alimentarse, cuidar, estudiar o mantener un hogar digno.

Porque cuando el trabajo no alcanza para vivir, el problema deja de ser solamente laboral.

Se convierte en un desafío de desarrollo humano.

Y enfrentarlo exige pasar de medir la pobreza a construir, de manera corresponsable, las condiciones para que las personas puedan salir de ella y permanecer fuera.